Desde nuestra posición como organización comprometida con la defensa de los derechos de los consumidores, valoramos la iniciativa presentada por la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), mediante la cual solicita al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) la dictación de una “Ley de Reducción de la Concentración Económica Agregada” (Expediente ERN-32-2023). Esta solicitud, además de legítima en sus fines, impulsa un debate urgente y relevante sobre el rol que desempeñan los grandes conglomerados económicos en la configuración de los mercados y su impacto sobre la competencia, la equidad y el bienestar general.
En términos generales, compartimos la preocupación planteada por Conadecus respecto de los riesgos que puede representar un alto nivel de concentración económica agregada en Chile, tanto en su dimensión económica como institucional. La existencia de conglomerados con alta integración vertical y horizontal puede limitar la competencia efectiva, restringir la entrada de nuevos actores y reducir los incentivos a la innovación y a la mejora en precios y calidad, afectando directamente a los consumidores.
Desde esta perspectiva, apoyamos un conjunto de medidas propuestas en la solicitud. En primer lugar, destacamos la propuesta de establecer un registro público de concentración económica de grupos empresariales. Esta herramienta permitiría a las autoridades y a la ciudadanía acceder a información transparente sobre los vínculos de propiedad y control societario, facilitando la supervisión y previniendo posibles abusos de posición dominante. Consideramos que esta medida, de bajo costo institucional y alto valor democrático, representa un avance concreto hacia una economía más transparente.
En segundo lugar, valoramos la recomendación de incorporar criterios de concentración económica al momento de asignar concesiones públicas o derechos exclusivos del Estado. Esta medida no busca excluir a empresas eficientes, sino asegurar que la asignación de recursos públicos promueva una mayor diversidad de oferentes y contribuya a evitar la consolidación de poder económico en sectores estratégicos. Su implementación puede ser gradual y basada en parámetros técnicos y objetivos, respetando siempre los principios de eficiencia y libre competencia.
Respecto de las estructuras societarias piramidales, reconocemos que, como advierte Conadecus, estas pueden dificultar la trazabilidad del control empresarial y limitar la rendición de cuentas, especialmente en perjuicio de accionistas minoritarios y consumidores. Por ello, proponemos avanzar en el reforzamiento de la regulación sobre operaciones entre partes relacionadas, así como en la implementación de estándares más exigentes de gobernanza y transparencia, en línea con las mejores prácticas internacionales.
En cuanto a la propiedad cruzada entre entidades financieras y empresas del sector real, compartimos la inquietud sobre posibles conflictos de interés. Proponemos que, más que establecer una prohibición general, se fortalezcan los mecanismos de fiscalización existentes mediante auditorías periódicas realizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la aplicación de sanciones automáticas en caso de detección de conductas discriminatorias o anticompetitivas. Esta aproximación permite compatibilizar los beneficios de ciertas integraciones con una adecuada protección de la competencia y de los consumidores.
En definitiva, desde nuestra perspectiva de protección de los consumidores, consideramos fundamental avanzar en un conjunto de medidas estructurales proporcionales, técnicamente fundadas y jurídicamente viables. Respaldamos especialmente el registro público de grupos empresariales, el fortalecimiento de la fiscalización financiera y la incorporación de criterios de concentración en la asignación de concesiones estatales. Al mismo tiempo, creemos que es clave privilegiar mecanismos de transparencia, supervisión efectiva y gobernanza empresarial como instrumentos para construir un sistema económico más equilibrado, inclusivo y competitivo.
Stefan Larenas Riobó
Presidente de ODECU
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